CFE cobra la luz sin darla|72 municipios en crisis

El recibo que llegó sin luz

La Comisión Federal de Electricidad llegó puntual a hacer una sola cosa: cobrar el recibo. Setenta y dos de los 212 municipios de Veracruz llevan semanas con apagones que duran horas y, en algunos casos, días enteros. La gobernadora Rocío Nahle lo dijo sin rodeos: familias, comercios y escuelas pierden alimentos, cierran negocios y se quedan sin agua, mientras el recibo de luz sigue llegando puntual.

El fin de semana del 12 y 13 de julio, la gobernadora Nahle se reunió directamente con Emilia Calleja, directora general de la CFE, en una sesión a la que acudieron también 20 alcaldes de los municipios más afectados. El mensaje fue concreto: no es justo cobrar el suministro cuando no se prestó el servicio. La CFE respondió que los cortes son parte de labores técnicas planificadas para mejorar la infraestructura. Esa contradicción es exactamente el problema.

Álvaro Cetina del PAN Yucatán lo resumió así: lo único que ha llegado puntual son los apagones y los recibos de luz carísimos. En Mérida, una habitante del centro relató más de 30 horas consecutivas sin energía eléctrica. La Península de Yucatán lleva más de un año con fallas recurrentes, y el horizonte de solución se movió primero a 2027 y ahora a 2030. El punto que nadie ha explicado aún es por qué ocurre esto si la CFE tiene suficiente capacidad para generar electricidad.

Generación sobra, distribución falla

La propia Nahle, ex secretaria de Energía, señaló el diagnóstico con precisión técnica: Veracruz cuenta con capacidad suficiente para generar electricidad e incluso abastecer a otras entidades del país. El problema está en la distribución y la transmisión. Líneas de transmisión obsoletas y transformadores que no soportan la demanda actual son la causa de los cortes, no la ausencia de generación. Este dato cambia completamente el análisis de la crisis.

La Península de Yucatán opera con suministro poco confiable y altos costos energéticos, según reconoce el propio Programa Especial de Bienestar Energético 2025-2030 del gobierno estatal. La planta Mérida IV, presentada como pieza clave del Plan de Emergencia Energética, tiene avances cuestionados por documentos internos filtrados a medios locales. El patrón revela un rezago estructural, no una emergencia puntual.

El caso más revelador del modelo tarifario llegó desde Torreón. El organismo de agua SIMAS Rural ganó un amparo contra la CFE porque, sin justificación, la empresa le aplicaba hasta cinco tarifas diferenciadas —desde comercial hasta industrial— que representaban hasta seis pesos por kilowatt hora. El tribunal absolvió a SIMAS de pagar 234 millones de pesos en adeudos acumulados bajo esas tarifas. No es solo que la red no llegue: la CFE también cobra más de lo que corresponde cuando sí llega.

Si el problema es de distribución y transmisión, la pregunta que decide el escenario es quién financia la reconstrucción de esa red. La CFE como empresa productiva del Estado tiene restricciones presupuestarias, y los 704 millones de pesos propuestos para tres generadores temporales en Cancún y Cozumel —75 megawatts en total— son una respuesta de emergencia, no una solución estructural. El gobierno ya reconoció que necesita capital privado: la SENER extendió el plazo para proyectos estratégicos de generación con CFE hasta el 2 de septiembre.

El capital privado frente a la red rota

La Secretaría de Energía publicó el 11 de julio la segunda modificación a su convocatoria de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica. El plazo original se amplió hasta el 2 de septiembre de 2026 para que los inversionistas privados registren manifestaciones de interés y soliciten estudios de interconexión con la CFE. La ampliación responde al interés mostrado por participantes, pero también evidencia que la convocatoria original no logró suficiente respuesta en el tiempo previsto.

El mecanismo tiene una trampa estructural para el inversionista privado: la CFE debe manifestar interés en cada proyecto para que el procedimiento continúe. Si la empresa pública determina que una propuesta no resulta conveniente, el proceso concluye para ese proyecto dentro de este marco. Para un inversionista evaluando si participar antes del 2 de septiembre, la pregunta no es si el negocio tiene sentido —es si la CFE lo dejará entrar.

Mientras se define quién invierte en la red de largo plazo, la CFE propuso instalar tres generadores temporales aeroderivados en Cancún y Cozumel: 50 megawatts conjuntos en Cancún y 25 megawatts en Cozumel. La inversión asciende a 254 millones en Cancún y 450 millones en Cozumel. El problema es que los proyectos están en consulta pública con la Semarnat hasta el 30 de julio —sin autorización, sin inicio de obras. Son una respuesta a la temporada de huracanes que podría llegar tarde.

2 de septiembre o 2030: cuándo decidir

El escenario que preocupa a quienes tienen bonos CFEMEX o evalúan proyectos de energía en México no es el apagón de esta semana —es que el patrón se repita sin corrección. La CFE cobra, pospone la inversión en distribución y delega en convocatorias la solución estructural que debería financiar directamente. Para que el modelo cambie, se necesita evidencia de que el capital privado entra efectivamente a reconstruir la red, no solo a generar energía adicional en punta.

El 2 de septiembre es el primer checkeo concreto: si la convocatoria SENER recibe manifestaciones de interés de proyectos privados con escala real de transmisión y almacenamiento, señaliza que el capital confía en el marco regulatorio y que la inversión en la red puede acelerarse. Si el deadline se extiende de nuevo, o si los contratos llegan sin sustancia de transmisión, confirma que el esquema actual no atrae capital suficiente y el rezago de distribución se agrava hacia 2030.

Para quien evalúa exposición a CFEMEX o proyectos energéticos en México, la distinción crítica es esa: generación adicional sin red de distribución rehabilitada no resuelve los apagones. Si el 2 de septiembre evidencia inversión privada en transmisión y almacenamiento distribuido, el modelo de colaboración público-privada tiene tracción y el riesgo de rezago estructural se reduce. Si solo entran proyectos de generación en punta sin solución de distribución, el ciclo de apagón-recibo continúa —y la presión política sobre la CFE, que ya activó a 20 gobernadores y alcaldes, escala antes de que llegue la solución.