Perspectiva Negativa de México|CFE y Pemex en la mira

S&P vs. México

La calificadora S&P no bajó la nota de México. La bajó de positiva a negativa en la perspectiva, que es precisamente lo que los mercados de deuda leen primero cuando evalúan si el costo de financiarse va a aumentar. Esa distinción importa porque la calificación soberana en moneda extranjera se mantiene en BBB, pero el cambio en la perspectiva proyecta que la deuda pública neta subirá de 49 a 54 por ciento del PIB hacia 2029 si la consolidación fiscal avanza tan despacio como S&P prevé. Ese ritmo lento no es una opinión: la calificadora lo ancla en el bajo dinamismo económico y en los apoyos fiscales continuos a Pemex, empresa que entre 2019 y 2025 recibió cerca de 69,800 millones de dólares en transferencias del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en la mañanera del 14 de mayo que "la economía de México va bien" y que la calificadora "se va a dar cuenta de que se equivocó." La Secretaría de Hacienda reforzó el mensaje señalando que el déficit bajó de 5.8 a 4.3 por ciento del PIB en 2025, la reducción más rápida en décadas. El problema con ese argumento es que S&P lo recibe pero no lo toma como suficiente: el punto no es si el déficit bajó, sino si puede seguir bajando mientras el gobierno absorbe pasivos contingentes de dos gigantes energéticos. Los tenedores de bonos soberanos mexicanos, tanto institucionales extranjeros como fondos locales de deuda gubernamental, ahora enfrentan una señal que empuja a reevaluar la prima de riesgo que exigen al papel mexicano. La presión sobre los rendimientos domésticos no se desactiva con un discurso; se desactiva cuando el déficit converge en el número que S&P necesita ver. Lo que S&P no dice en el comunicado es qué tan grande tiene que ser ese pasivo contingente antes de que la perspectiva negativa se convierta en rebaja efectiva de calificación, y esa omisión es exactamente lo que un tribunal federal acababa de hacer visible al interior del propio balance de CFE.

CFE y sus jubilados

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Nuevo León otorgó el 14 de mayo una suspensión de plano a jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, impidiendo que continúe el recorte a sus pensiones. El magistrado Juan Carlos Amaya describió la reducción como equiparable a "tormento o tortura psicológica" porque los descuentos oscilaron entre 44 y 78.5 por ciento del ingreso pensionario inmediato, en varios casos cancelando seguros médicos de personas con cáncer y créditos hipotecarios en curso. Eso es el hecho judicial. La variable financiera que conecta ese hecho con la rebaja de S&P es que los pasivos contingentes de CFE son una de las razones explícitas que cita la calificadora para cambiar la perspectiva soberana a negativa: el gobierno sostiene a CFE porque es estratégica en transmisión y distribución de electricidad, y ese sostén carga directamente sobre la rigidez fiscal que S&P mide. La suspensión judicial significa que CFE no puede ejecutar el recorte mientras el amparo sigue en curso, y existen al menos 40,000 jubilados en situación similar según el abogado Guillermo Ordaz Sánchez. Cada jubilado que recupera su pensión original es un pasivo que no se redujo. Desde el ángulo del tenedor de bonos de CFE, la señal es que la empresa no puede sanear su hoja de balance sin enfrentar una barrera legal que el gobierno instaló con la reforma pensionaria que los mismos tribunales están frenando. La institución que compra deuda de CFE a largo plazo hoy tiene dos riesgos encadenados: el soberano que la respalda acaba de ver deteriorarse su perspectiva, y el pasivo que debería haberse reducido se está recuperando por vía judicial. Lo que aún no está claro es si ese rebote de pasivos cambia el cálculo lo suficiente como para que S&P acelere hacia una rebaja efectiva, o si la velocidad de la consolidación fiscal logra mantener la nota en BBB mientras los tribunales resuelven. Pero ese riesgo encadenado no ocurre en el vacío: el sector que más directamente siente el costo de energía elevado en México ya estaba absorbiendo otro golpe en la Bolsa ese mismo día.

Aeropuertos en tierra

Los tres grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores cayeron el 14 de mayo porque el tráfico de pasajeros bajó 4.1 por ciento en abril respecto al año anterior, tercer mes consecutivo de caídas, con el segmento internacional retrocediendo 6.1 por ciento. Asur, que opera el aeropuerto de Cancún, perdió 1.64 por ciento; OMA, que administra Monterrey, bajó 0.93; y GAP, operadora de Guadalajara, cedió 0.59. En lo que va de 2026, las caídas acumuladas superan el 7 por ciento en los tres. Ese retroceso en el tráfico no es independiente del entorno energético: Magnicharters solicitó concurso mercantil voluntario el 8 de mayo después de suspender operaciones, y analistas independientes señalan que el alto precio de la turbosina derivado del conflicto en Medio Oriente fue el factor que terminó de quebrar una aerolínea que ya no se había recuperado de la pandemia. La quiebra de Magnicharters retira capacidad de asientos del mercado doméstico, lo que en teoría debería transferir demanda a Aeroméxico y Viva Aerobus, pero en la práctica el efecto inmediato es que las agencias de viajes que tienen 150 millones de pesos en deuda incobrable reducen su apetito por empaquetar vuelos con aerolíneas de bajo costo. Las acciones de los aeroportuarios en la BMV no cotizan por la quiebra de Magnicharters en sí, sino porque el tercer mes consecutivo de caída en pasajeros indica que la demanda de viaje está bajo presión estructural, no coyuntural. El capital institucional doméstico que rotó fuera de Asur y GAP en la sesión no tiene un destino explícito en los datos disponibles, pero el movimiento de precio confirma que los flujos de salida superaron la compra en el margen. El catalizador que determinaría si el tráfico se recupera antes del Mundial de Futbol 2026 — que analistas de Monex señalan como la gran variable de sinergias para GAP y OMA — es si el precio del combustible de aviación cede cuando el conflicto en Irán se estabilice. Si el precio de la turbosina no retrocede antes del tercer trimestre, el Mundial podría llegar a aeropuertos con menos aerolíneas operando y mayor costo por asiento disponible, lo que presionaría los ingresos operativos aunque el volumen de pasajeros rebote. La perspectiva negativa que S&P colocó sobre México esa misma semana añade un costo de financiamiento potencialmente más alto para los grupos aeroportuarios que refinancian deuda en los próximos doce meses. Si el déficit fiscal no converge al ritmo que S&P exige y la calificación soberana cae un escalón, el spread que pagan Asur, GAP y OMA sobre sus bonos se amplía antes de que el primer partido del Mundial aterrice en sus terminales.