Petróleo en 119 y Fed congela tasas|Peso bajo presión máxima
Irán, petróleo y Fed
El miércoles pasado los mercados vivieron una contradicción difícil de ignorar. El petróleo Brent superó los 119 dólares por barril, su nivel más alto desde junio de 2022, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos decidía mantener sus tasas sin cambios por tercera vez consecutiva. En apariencia, ambos eventos apuntan en la misma dirección: más inflación, más incertidumbre. Pero la tensión real está en lo que se esconde detrás de cada decisión.
El detonante del alza del crudo fue doble. Donald Trump instruyó a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado no solo del Estrecho de Ormuz, sino de todos los puertos iraníes. La Casa Blanca confirmó que el presidente consultó a empresas petroleras estadounidenses anticipando que la interrupción duraría varios meses. Desde el inicio del conflicto en febrero pasado, el mundo ha perdido suministros por más de 50,000 millones de dólares. El West Texas Intermediate superó los 107 dólares, niveles no vistos desde hace cuatro años. Al mismo tiempo, Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP, debilitando la capacidad del cartel para estabilizar el mercado. Simon Flowers, analista de Wood Mackenzie, advirtió que esta salida agravará el desafío de equilibrio del cartel más allá de 2026.
Ante ese panorama, la Fed optó por la pausa. Pero lo que sorprendió al mercado no fue la decisión, sino la división: cuatro funcionarios votaron en contra, el comité más fracturado desde 1992. Jerome Powell, en su última conferencia como presidente, condicionó cualquier recorte al fin de las presiones arancelarias y del crudo. Su sucesor, Kevin Warsh, tomará el cargo el 15 de mayo con una herencia complicada: inflación en 3.3 por ciento anual impulsada por energéticos, y un mercado laboral que creó apenas 178,000 empleos en marzo tras perder casi la misma cantidad el mes anterior.
El peso mexicano absorbió el golpe de inmediato. La divisa cerró en 17.55 pesos por dólar, una depreciación de 0.89 por ciento. Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, identificó el mecanismo: si Banxico recorta su tasa en mayo, como adelantó la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja ante el Senado, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos caería a 275 puntos base, el nivel más bajo desde 2016. Menos diferencial significa menos atractivo para el peso como moneda de carry trade. La BMV reflejó la misma presión: el S&P/BMV IPC cayó 0.26 por ciento a 67,097 puntos, liderado por pérdidas de Megacable y Kimberly-Clark de México.
Rocha Moya y el Estado
Mientras los mercados procesaban el petróleo y la Fed, desde Nueva York llegó una acusación que sacudió la política mexicana en su raíz. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, todos acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
La acusación, asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York, describe un organigrama de corrupción que alcanzó desde la gubernatura hasta las policías municipales. Según el expediente, Rocha Moya habría pactado con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán —Los Chapitos— que lo ayudaran a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. A cambio, prometió proteger sus operaciones. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa presuntamente recibía hasta 100,000 dólares mensuales en sobornos. El alcalde de Culiacán habría cobrado 10,000 dólares al mes para garantizar que la policía no interfiriera en los cargamentos.
El gobierno mexicano respondió con cautela y señales de tensión. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de extradición el 28 de abril y concluyó, tras revisión preliminar, que carecen de elementos probatorios suficientes. La documentación fue turnada a la Fiscalía General de la República para valorar la viabilidad legal. La SRE anunció además un extrañamiento diplomático a la embajada estadounidense por la forma en que se difundió la información antes de las notificaciones formales. Rocha Moya se negó a pedir licencia, afirmó que seguirá en funciones y calificó la acusación como un ataque a la Cuarta Transformación y a la soberanía nacional.
La cadena causal aquí es política y económica. El embajador Johnson había advertido días antes en Sinaloa sobre la corrupción y la extorsión como obstáculos directos a la inversión. Un panel del T-MEC falló también esta semana contra la minera Camino Rojo por aquiescencia ante amenazas del crimen organizado contra trabajadores sindicales en Zacatecas. No son eventos aislados: son señales de que el Estado de derecho en zonas clave del país sigue siendo el principal factor de riesgo para los flujos de inversión que México necesita en el contexto del nearshoring.
México sin energía
El tercer hilo que atraviesa la jornada conecta con el anterior y apunta más lejos. La economía mexicana necesita inversión para crecer, y el nearshoring representa la oportunidad más grande en décadas. Pero hay un cuello de botella que los números describen con precisión inquietante.
El Instituto Mexicano para la Competitividad advierte que México podría enfrentar un déficit de generación eléctrica superior a 48,000 GWh hacia 2030, incluso bajo escenarios conservadores de demanda. S&P Global confirma que la capacidad instalada está teniendo dificultades para crecer al mismo ritmo que la demanda, lo que ya genera márgenes de reserva bajos y precios volátiles. Cerrar esa brecha requeriría al menos 36,000 megawatts adicionales, inversiones superiores a 30,000 millones de dólares en generación, y otros 12,000 millones en transmisión y distribución. La CFE, la empresa pública encargada de liderar ese proceso, cerró el primer trimestre de 2026 con pérdidas de 402 millones de pesos, condicionada por fluctuaciones cambiarias, deuda elevada y restricciones presupuestarias.
El conflicto en Irán agrava este cuadro. Alrededor del 62 por ciento de la generación eléctrica de México depende del gas natural, y cerca del 70 por ciento de ese gas es importado desde Estados Unidos. Con el crudo en 119 dólares, el gas se encarece, los costos de generación suben, y el margen de la CFE se comprime aún más. Tres empresas privadas de energías renovables —Fisterra Energy, Valia Energía y Cazadero Solar— ya condicionaron esta semana su participación en contratos con la CFE, señal de que el sector privado también está midiendo el riesgo antes de comprometerse.
El gobierno tomó medidas parciales. Sheinbaum firmó un acuerdo con la industria siderúrgica para que las obras públicas usen acero producido en México, parte del Plan México para sustituir importaciones. El acuerdo involucra a 19 dependencias, garantiza demanda por 200,000 toneladas de acero este año y respalda 90,000 empleos directos. Es una señal de política industrial hacia adentro, en un momento donde la incertidumbre frenó ya 17,400 millones de dólares de inversión según estimaciones privadas. Sin energía suficiente, ese acero no se convierte en producción.
El cuadro completo para los próximos meses se lee así: si el bloqueo a Irán se prolonga, el gas seguirá caro, la CFE seguirá presionada, y el déficit eléctrico llegará antes de 2030. Si Banxico recorta en mayo como se anticipa, el diferencial de tasas cae, el peso pierde atractivo, y los costos de deuda en dólares para la infraestructura energética suben. Las dos palancas se mueven en la misma dirección desfavorable. El elemento que podría romper esa lógica es un acuerdo con Irán que libere suministro global de petróleo y gas antes del verano. Sin ese acuerdo, los próximos reportes trimestrales de CFE y las decisiones de inversión privada en energía serán los indicadores más relevantes para saber si México logra mantener el ritmo que el nearshoring exige.